En España, el masivo despliegue fotovoltaico de los últimos años se ha evidenciado como carente de una previa ordenación territorial y, en muchas ocasiones, llevado a cabo con un claro incumplimiento de la normativa ambiental y urbanística.
De acuerdo con el objetivo fijado por el Pacto Verde Europeo (presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2019), la economía europea y española quiere ser climáticamente neutra para 2050. La transición energética y la neutralidad climática – entendida como la descarbonización progresiva de la economía – constituyen los dos pilares esenciales sobre los que se sustenta el nuevo modelo económico, concebido para ser sostenible en las dimensiones económica, social y medioambiental.
Con todo, si la economía española quiere ser climáticamente neutra para 2050 deberá contar ineludiblemente con el sector agroalimentario español.
Objetivos loables, pero mal implementados
No hay duda de que los objetivos de neutralidad climática y de transición hacia un modelo energético que prime las fuentes de generación renovables suscitan en la actualidad un amplio consenso social en los países miembros de la UE.
Sin embargo, dichos objetivos, loables y deseados en sí mismos, deberían implementarse de forma equilibrada, con políticas públicas y un desarrollo normativo que no los haga mutuamente excluyentes. Algo que, en la práctica y desgraciadamente, no está ocurriendo en nuestro país, donde el desequilibrio en la atención y el impulso de uno de estos pilares en detrimento del otro, especialmente desde las esferas políticas y públicas, está comprometiendo la coherencia y eficacia del modelo impulsado por el Pacto Verde Europeo, al que España se ha adherido como Estado miembro de la UE, además de poner en pie de guerra al mundo rural, en especial a los agricultores.
En efecto, la prioridad casi exclusiva que se otorga a la transición energética, sin una estrategia paralela y equilibrada de neutralidad climática basada, entre otras cosas, en la valorización de los sumideros naturales de carbono, está provocando disfunciones estructurales que impiden avanzar de forma armónica hacia los objetivos propuestos.
No estamos ante una falla de concepto, sino ante un problema de implementación, que constituye un claro déficit de política pública. Corresponde al Ejecutivo actuar con decisión para corregir este desajuste y garantizar una aplicación equilibrada y efectiva del modelo económico sostenible europeo. De ahí la posición reivindicativa, persistente, de Ecología y Libertad de evitar posiciones de defensa a ultranza de la energía fotovoltaica que supongan la pérdida de superficie agraria útil.
La transición energética no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la neutralidad climática. Pese a ello, se ha priorizado erróneamente la transición energética frente al objetivo integral de neutralidad climática, generando una política desequilibrada e incoherente.
Por lo demás, la transición energética no puede sostenerse exclusivamente en las energías renovables eléctricas como la solar y la eólica. Es imprescindible contar con un mix energético diversificado, que combine distintas fuentes (incluyendo almacenamiento, gestión de la demanda y tecnologías de respaldo) y que responda a la realidad de consumo y producción de cada territorio.
La incomprensible denostación del sector agro
El Pacto Verde Europeo no constituye simplemente una agenda ambiental: es la hoja de ruta hacia un nuevo modelo económico europeo, cuyo eje central es la neutralidad climática en 2050. Este modelo exige transformar de forma estructural los sectores productivos, garantizando que el crecimiento sea sostenible en sus tres dimensiones: ambiental, social y económica.
En este contexto, resulta incoherente e incomprensible denostar o arrinconar al sector agroalimentario español, uno de los pocos sectores que, por su propia naturaleza, ya es intrínsecamente sostenible. Y ello según la propia definición de desarrollo sostenible del informe Brundtland, pues cumple de manera equilibrada las tres dimensiones – ambiental, social y económica – que garantizan el bienestar presente sin hipotecar el de las generaciones futuras.
Dicho de otra forma; si por desarrollo sostenible cabe entender aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer las de las futuras generaciones, el sector agroalimentario español no sólo demuestra día a día su alineación con este principio, sino que acredita ser un actor a tener muy en cuenta a la hora de cumplir el objetivo la neutralidad climática en 2050.
Y es que el campo español ya ha demostrado sobradamente en el pasado su capacidad para gestionar de forma eficiente recursos escasos, como el agua y el suelo, actuando a su vez como sumidero natural de carbono, dinamizador de economías locales, además de constituir el principal dique de contención de la despoblación rural y esencial garante de la soberanía alimentaria.
Además, el sector agroalimentario español encarna perfectamente los principios de la economía circular, porque los residuos orgánicos generados en campo —restos de poda, estiércoles, subproductos de la industria transformadora— se aprovechan ya para producir biogás, una energía renovable que puede suministrar calefacción, electricidad o carburantes avanzados a otros sectores industriales. Potenciar el que las explotaciones y cooperativas agrícolas españolas puedan enviar sus residuos orgánicos a digestores, generar biogás y biometano in situ o inyectarlo en redes de gas natural, cerrando el ciclo de materiales y energía. De este modo, el sector agroalimentario no sólo reduciría su huella ambiental, sino que suministraría energía renovable a la industria y al transporte, ejemplificando un modelo económicamente circular y alineado con la legislación europea y nacional.
Es por todo ello que preservar este sector de la masiva y desordenada implantación de proyectos fotovoltaicos a lo largo de toda la geografía española, así como apostar por su impulso y protección, no es una concesión: es una condición necesaria para que Europa pueda alcanzar sus objetivos climáticos sin sacrificar su tejido social ni comprometer la seguridad alimentaria de sus ciudadanos.
Alianza con SOS Rural
Para cumplir precisamente con dicho objetivo, el pasado 22 de julio de 2025 la Asociación Ecología y Libertad y la plataforma ciudadana SOS Rural anunciaron la firma de una alianza estratégica entre ambas organizaciones al objeto de impulsar una macrocausa judicial en toda España contra las instalaciones fotovoltaicas que afectan a terrenos de cultivo.
Esta alianza nace de la certeza compartida de que el agricultor constituye en realidad el “ecologista” más comprometido, así como de que el campo es el mejor aliado de la ecología y de que la verdadera sostenibilidad no se impone desde un despacho, sino que se cultiva desde la tierra.
Una alianza que desde Ecología y Libertad consideramos histórica y necesaria, pues es a todas luces evidente que el campo español sufre hoy más que nunca los males que ha traído una mal comprendida y peor aplicada transición energética de la economía a fuentes renovables. Una alianza que, en fin, lleva implícita una estrategia judicial estructurada y pionera en defensa del medio rural frente al avance de estos proyectos fotovoltaicos especulativos, que amenazan suelos fértiles, ecosistemas y modos de vida.
El auge de las energías renovables en España, especialmente de la solar fotovoltaica, representa sin duda una oportunidad estratégica para avanzar en la descarbonización y favorecer la soberanía energética del país. Pero este auge no puede basarse en una implantación masiva, desordenada y especulativa que sólo genera impactos territoriales, económicos, agrícolas, paisajísticos y sociales.
La tan necesaria transición energética en España exige una adecuada planificación territorial que establezca zonas compatibles con las placas fotovoltaicas y que prohíba su implantación en superficies agrarias fértiles o productivas y no sólo en áreas ambientalmente protegidas. Una convivencia armónica, en definitiva, entre las energías renovables y el mundo rural.
Porque, es preciso insistir en ello; el sector agroalimentario español también desempeña un papel fundamental en la consecución de la neutralidad climática de la Unión Europea y de España para 2050, tanto por su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como por su capacidad para actuar como sumidero de carbono y motor de innovación tecnológica.
